Fuente: 20 minutos. Europa Press(18.02.2013)
El alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, recurrirá el expediente de expulsión de este ayuntamiento de la Axencia para a Protección da Legalidad Urbanística (Aplu) luego de que se propusiera la marcha del concello por no atender los requerimientos sobre el derribo de una casa en la parroquia de Lamas.
La Aplu inició hace diez días el expediente de expulsión de Becerreá (Lugo), después de que su alcalde "entorpeciese" la labor de derribo de una vivienda. Por dos veces, tanto el regidor como un grupo de vecinos de este municipio evitaron la demolición de una casa, ubicada en la parroquia de Lamas.
El documento de inicio del expediente señala que la autoridad municipal "no sólo no colaboró con las labores" de la agencia, sino que las "entorpeció", puesto que "es manifiesto que el alcalde de Becerreá llevó a cabo una actitud activa para impedir la demolición de una vivienda unifamiliar en ele lugar de Campo da Feira", en el Ayuntamiento.
Así, el Ayuntamiento ha decidido recurrir esta decisión, aludiendo a que "en la comunicación, lo que dicen es que poco menos que el alcalde fue el líder espiritual del levantamiento, y no es cierto".
"La postura del alcalde está clara, en el acuerdo que tomamos en el pleno donde se pedía una moratoria para tratar de legalizar la casa tan pronto se apruebe el Plan General de Ordenación Municipal que está pendiente de informes nuestros y de la Xunta, pero que fue retrasado por la Xunta", ha expuesto este lunes el regidor de este municipio lucense.
Martínez justifica que lo que hizo fue "interponerse entre los vecinos y la policía porque había tensión" y ha asegurado que lo que trató fue de "tranquilizar a una parte y a la otra". "No le dimos colaboración porque en ningún momento se pusieron en contacto con nosotros pidiendo esa colaboración", ha esgrimido, a renglón seguido, al respecto de los reproches de la Aplu.
La orden de derribo sigue
El alcalde de Becerreá mantuvo que la familia propietaria de la casa "sigue preocupada, porque la orden de derribo sigue pesando sobre la vivienda", la cual "no será legal hasta que aprobemos el plan general".
En este sentido, ha indicado "que tenían que haber presentado la documentación pertinente cuando se inició la construcción y no hicieron", y de ello ya hace trece años.
"Por eso es un absurdo después de 13 años, derribar una casa hoy, para poder levantarla dentro de dos años", ha sentenciado Manuel Martínez.