Fuente: La Voz de Galicia (9/9/2011)
La Consellería de Medio Rural impuso al Concello de Becerreá una sanción de 800 euros por talar árboles con motivo de los trabajos de limpieza del puente de Cruzul, llevados a cabo hace un mes. Según afirmó el alcalde, técnicos de Cultura del ministerio y de la Xunta, que habían visitado el lugar, sugirieron despejar el entorno de vegetación porque no dejaba ver el monumento, cuya declaración como Bien de Interés Cultural está siendo tramitada.
Según consta en el escrito remitido por la Xefatura Territorial de Medio Rural en Lugo, la sanción fue impuesta por realizar una corta de especies arbóreas en una superficie de 2.300 metros cuadrados, y por acondicionar una pista de 80 metros, dentro de la Zona de Especial Protección dos Valores Naturais Cruzul-Agüeira, «sen contar coa preceptiva autorización administrativa». En concreto, el pasado 10 de agosto fueron talados 9 alisos, 11 fresnos y 50 arces de la variedad plátano falso.
El alcalde, Manuel Martínez, mostró su disconformidad con la actuación de la consellería. Dijo que en lugar de sancionar al organismo municipal debería colaborar en la conservación del entorno del futuro BIC, y se preguntó si esa es la forma de cooperar con los concellos que aplica Medio Rural. Incidió en que fueron los propios técnicos de los organismos de Cultura quienes recomendaron despejar el puente, que apenas se podía ver por sus laterales, y anunció que presentarán un recurso contra la imposición de la multa.
Siguiendo esas instrucciones, el Concello acondicionó un camino de acceso que parte de la antigua carretera nacional y, bordeando las casas próximas, da acceso a la base del puente. Debido a que la mayor parte de los prados y parcelas de la zona están abandonados, los alisos habían crecido incluso pegados a los pilares, según destacó el mandatario.
Por su parte, la Jefatura Territorial de la Delegación de Lugo considera que los hechos denunciados pueden constituir una infracción administrativa menos grave, que esá contemplada con la imposición de una sanción que puede oscilar entre 601 euros y 6.010, además de la obligación de reparar y reponer los bienes afectados, con la finalidad de restaurar el medio natural, exigencia que en este caso será imposible de cumplir, al menos en lo que afecta a la tala de árboles.
El organismo autonómico designó a una funcionaria para instruir el expediente y el Concello dispone de 15 días para presentar el recurso. El citado expediente deberá estar resuelto en un plazo máximo de seis meses porque de lo contrario se producirá la caducidad, «sen que esta implique por si soa a prescrición das accións» de alguna de las partes, advierte la Administración autonómica.